La justicia ordenó la devolución de una cifra multimillonaria por parte de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el empresario Lázaro Báez. El monto, calculado originalmente en 84 mil millones de pesos en 2022 y actualizado en la actualidad a más de 630 mil millones de pesos (equivalentes a aproximadamente 530 millones de dólares), deberá ser restituido en un plazo de diez días. La gran incógnita ahora es: ¿cómo se hará esa devolución? ¿Y qué hará el Estado con ese dinero?
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María Belén Ludueña, en Mujeres Argentinas, comenzó planteando la pregunta que se hacen muchos en sus casas: “¿Cómo se van a devolver estos 84 mil millones de pesos?”, dijo en referencia al monto original del fallo, antes de su actualización.
Según se detalló en el programa, tanto Cristina Fernández de Kirchner como Lázaro Báez poseen una importante cantidad de propiedades que podrían ser utilizadas para cumplir con la restitución ordenada por la Justicia.
“Cristina tiene 27 propiedades, entre Buenos Aires y Santa Cruz, y Lázaro Báez tiene 37 en Buenos Aires y 132 propiedades en Santa Cruz”, informaron en el ciclo. Sin embargo, todavía no se dictaminó qué proporción del monto deberá pagar cada uno de los condenados, aunque la definición se conocerá próximamente.
La Justicia federal determinó que los condenados tienen un plazo de diez días para devolver el dinero. En paralelo, los fiscales plantearon que los fondos recuperados deberían tener un destino social, con el objetivo de reparar el daño causado al Estado y, por ende, a toda la sociedad argentina.
¿Qué puede hacer el Estado con los fondos recuperados?
Durante el programa, las periodistas compartieron algunas estimaciones que permiten dimensionar la magnitud de la cifra. “Si ese dinero no se hubiera robado, por ejemplo, se hubieran podido financiar cinco años completos del Hospital Garrahan, o construir 50 hospitales de primera línea”, detallaron.
Y agregaron: “En educación, por ejemplo, se podrían renovar más de 2.000 escuelas o entregar más de 2 millones de netbooks para los chicos”. Estas cifras, hipotéticas pero impactantes, muestran el alcance que podrían tener los fondos si se aplicaran a políticas públicas concretas.
Por el momento, el dinero quedará a disposición del Poder Judicial, aunque los fiscales insisten en que su destino final debe tener una finalidad social. En un contexto de fuerte crisis económica, inflación y deterioro de los servicios públicos, el reclamo por una reparación efectiva gana fuerza en el plano político y en la sociedad civil.
Más allá de los aspectos judiciales y políticos, el caso reabre una discusión central: cómo garantizar que el dinero recuperado de hechos de corrupción vuelva efectivamente al pueblo argentino. En este punto, será clave no solo la rapidez de los procedimientos judiciales, sino también la transparencia del proceso.
